La ley no establece una detención automática de personas por violencia de género. Existe una creencia errónea y extendida de que las comisarías proceden con la detención inmediata del hombre denunciado por violencia de género, no por mandato legal, sino como una medida cautelar para proteger a la denunciante hasta que intervenga la autoridad judicial.
Es importante destacar que la legislación es equitativa en lo que respecta a las denuncias: no diferencia entre hombres y mujeres a la hora de dictaminar una detención. Esta se lleva a cabo tras realizar diligencias de investigación que aporten indicios de la comisión de un delito, y cuando exista una percepción de peligro físico o psíquico para la parte denunciante o un posible riesgo de que el denunciado evada la acción de la justicia.
Según el protocolo vigente, tanto en casos de violencia de género como en los de violencia doméstica —donde tanto hombres como mujeres pueden ser denunciados—, la detención del presunto agresor se aconsejará cuando la magnitud de los hechos denunciados y/o la situación de riesgo lo justifiquen.
En detalle, el protocolo en su página 29 especifica que la policía debe detener al denunciado cuando existan “indicios racionales” de que esta persona es autora de un delito, en casos de incumplimiento de medidas judiciales de alejamiento, o cuando las circunstancias de los hechos impliquen un grave riesgo para la víctima.
Respecto a las medidas durante la investigación policial, es fundamental que las fuerzas del orden lleven a cabo una minuciosa recopilación de información para determinar el grado de riesgo hacia la víctima o víctimas. Es esencial informar a las mismas sobre su derecho a la asistencia jurídica y proceder con la toma de declaraciones tanto de la víctima como de los testigos de manera pronta y detallada.
La aplicación efectiva y equitativa de las leyes es un reflejo de los valores de una sociedad que aspira a ser justa y protectora de todos sus ciudadanos, sin discriminación. No obstante, persiste una crítica necesaria hacia aquellos sectores de la sociedad que abogan por una justicia sumaria y automática, particularmente en casos de violencia de género. Estas posturas ignoran el principio de presunción de inocencia y pueden propiciar un clima de falsedad y prejuicio, lo que a su vez socava la integridad de nuestro sistema legal. La policía y el poder judicial deben operar libre de preconcepciones y estereotipos, basando sus decisiones en evidencias concretas y respetando el debido proceso. De este modo, se refuerza la confianza en nuestras instituciones y se fomenta una cultura de legalidad y respeto mutuo, alejada de la falsedad y la precipitación punitiva.
Como perito informático y ciudadano comprometido con la justicia y la verdad en mi España natal, no puedo evitar sentir una profunda frustración cuando escucho a amigos y colegas, sean policías o miembros de la Guardia Civil, perpetuar la creencia de que una denuncia de violencia de género conduce automáticamente a que el hombre pase una noche entre rejas. “Una mujer denuncia, y el hombre al calabozo”, dicen. Pero, ¡qué lejos está esto de lo que estipulan nuestras leyes y el protocolo policial!
No puedo evitar preguntarme, ¿acaso la implementación de medidas preventivas se está llevando a cabo erróneamente por un miedo paralizante a las consecuencias, por el temor de que la supuesta víctima sufra el peor de los destinos? ¿Es posible que, en ese miedo, estemos pasando por alto las diligencias de investigación que aseguran un proceso justo y equitativo?
Es imperativo que hagamos una introspección como sociedad y como profesionales y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. Nos urge enfrentar este tema con la seriedad y la honestidad que merece, sin caer en la trampa de las falsedades ni en la simplificación de un asunto tan delicado. Requiere de nuestra máxima profesionalidad y una autocrítica incisiva, en la que reconocer nuestros errores se convierta en el primer paso para rectificar el curso de nuestras acciones. En este país, en mi país, debemos aspirar a la excelencia en la administración de justicia, garantizando que cada decisión esté fundamentada en la evidencia y no en el miedo o en el prejuicio.
Diario de un perito informático 